Restalia, la compañía bajo la que operan marcas como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger – TGB, fue acusada en 2020 por un grupo de franquiciados que alegaban que incurría en delitos contra los derechos de los trabajadores, la seguridad social, la hacienda pública e incluso el blanqueo de capitales.

Los denunciantes aseguraban que Restalia les ocultó de manera deliberada una serie de supuestos acuerdos con proveedores que hacían inviables sus franquicias, además de asegurarles una falsa garantía de que el negocio les reportaría unos beneficios que no serían factibles en el futuro. Sin embargo, según el juez que investigaba la denuncia, el grupo actuó dentro de los límites legales, presentando su modelo de negocio de una manera atractiva a través de sus mejores cifras. Teniendo en cuenta por otra parte que, los franquiciados que supuestamente se vieron afectados, emprendieron sus negocios en fechas en las que la epidemia por Covid 19 empezó a limitar la actividad del sector Horeca. 

De esta manera, el juez ha decidido rechazar la denuncia interpuesta a Restalia, afirmando que no es posible imputar a un grupo franquiciador de restauración por marcar los precios de venta al público de los productos, ni por establecer a determinados proveedores o hacer cambios en el menú, cuestiones que el franquiciado debe acatar por operar bajo su marca.  Con lo cual, el juez ha concluido la falta de delito, teniendo en cuenta que la denuncia se sostenía en motivos poco objetivos y valoraciones interesadas, con los que no era posible llevar a cabo un análisis adecuado del caso. 

Por otra parte, la cifra de casi 20 millones de euros, que el despacho de abogados que representaba a los denunciantes fijó como cantidad que representaba los supuestos perjuicios causados por Restalia, fue rechazada desde un primer momento por la enseña. La compañía señala que "siempre ha estado en una posición de absoluta indefensión mientras se publicaban noticias filtradas por los interesados totalmente sesgadas que han causado un daño muy relevante, no solo a Restalia, sino también a los cientos de franquiciados que mantienen sus negocios abiertos". Contando, además, con que el juez ha alegado que la denuncia carece de fundamento en cuanto a los diferentes delitos imputados a Restalia, relacionados con asuntos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. Según la enseña, su actividad se lleva a cabo cumpliendo estrictamente con la ley, y prueba de ello es su red de más de 780 establecimientos que operan bajo sus marcas.